El lunes pasado se celebró en Chile el Día del Arquitecto y muchos de los profesionales que se felicitaron probablemente desconozcan cuál es la fecha que conmemoramos. Hace 72 años, un 4 de agosto de 1942, se constituyó el Colegio de Arquitectos de Chile, determinándose con ello una serie de funciones y atribuciones, que décadas más tarde se verían debilitadas producto del cambio de un paradigma económico.
Actualmente son pocos los arquitectos jóvenes que se sienten interesados en pasar a ser parte del Colegio de Arquitectos, y el propio rol de esta institución como asociación gremial es difusa para muchos. No se entiende el sentido de colegiarse ni qué es lo que se obtiene a cambio de la inscripción y pago de cuotas. Mucho menos ahora, que la distribución de su revista, razón por la cual muchos arquitectos se mantenían colegiados, ha sido puesta en pausa por problemas económicos.
¿Cuál crees tú que es el rol del Colegio de Arquitectos en nuestros tiempos?
El 4 de agosto de 1942, luego de sesiones de discusión en la Cámara, donde dirigentes de la entonces Asociación de Arquitectos participaron activamente defendiendo los intereses de su gremio, se promulgó la Ley 7.211 que creaba el Colegio de Arquitectos de Chile. La ley, que contó con la aprobación del presidente Juan Antonio Ríos y su ministro de Obras Públicas Oscar Schnacke, determinaba las funciones y atribuciones del Colegio. Con la finalidad de velar por el progreso y prestigio de la profesión, la ley decretaba que sólo los arquitectos colegiados podían ejercer.
De igual manera, tenía la capacidad para dictar el arancel de honorarios profesionales, resolver conflictos de pago entre arquitecto y cliente, y reprimir los abusos y faltas que los miembros del Colegio pudiesen cometer, pudiendo llegar, en casos de faltas graves, incluso a la pérdida de la colegiatura y la consiguiente inhabilidad para ejercer la profesión.
Las décadas que siguieron fueron de un importante accionar y crecimiento del Colegio, destacando hitos como el patrocinio de concursos relevantes, como el Templo Votivo de Maipú y la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, en los años 50. En 1968 se crearía la Revista CA, que difundía contenidos disciplinares, gremiales y de información técnica, y un año después se instauraría la entrega anual del Premio Nacional de Arquitectura, galardonando en su primera versión, al arquitecto Juan Martínez Gutiérrez. En agosto de 1977 tuvo lugar la Primera Bienal de Arquitectura Nacional, presidida por Cristián Fernández Cox.
El cambio del paradigma económico impuesto por el régimen militar que buscaba fomentar el “libre ejercicio” de las profesiones, llevó a que en febrero de 1981 se publicara el Decreto Ley Nº 3.621 que obligaba a los Colegios Profesionales a transformarse en Asociaciones Gremiales. Mediante este Decreto Ley suprimió la colegiatura obligatoria de los profesionales y con ello la tuición sobre el desempeño profesional y el control de la ética de sus asociados. Este hito es sin duda el que generó mayores cambios en la gestión del Colegio de Arquitectos, pasando de ser una institución de derecho público a una de derecho privado, en la que la asociación de sus integrantes es de carácter libre y voluntario.
De la Ley original del Colegio de Arquitectos se mantuvo vigente sólo el artículo 12 que define los ámbitos de competencia de la profesión del arquitecto:
“Proyectar y fiscalizar la construcción de edificios y efectuar los cálculos de su estabilidad, lo mismo que de sus obras correlativas y de sus instalaciones complementarias, proyectar, dirigir y fiscalizar la construcción de la obras de carácter esencialmente artísticas o monumental, los trabajos de urbanización que se relacionen con la estética de las poblaciones; los planos de ciudades y jardines y sus ampliaciones y reformas ; servir de árbitro o perito en asuntos propios de la arquitectura y del urbanismo, y de consultor o Director Técnico en las empresas o reparticiones que requieren servicios de los arquitectos”
De un momento a otro el Colegio de Arquitectos perdió su poder fiscalizador en pos de la libertad individual de la práctica profesional, quedando el rol de la institución relegado a un ámbito de acción casi meramente simbólico. A causa de esto, los arquitectos como conjunto, han perdido presencia en la sociedad, y la regulación de la profesión se norma de acuerdo a criterios de oferta y demanda. Frente a irregularidades en las prácticas arquitectónicas, o incumplimientos de la normativa, no es mucho lo que el Colegio de Arquitectos puede hacer, salvo poner el tema en el debate público y hacer envío de observaciones a los distintos poderes.
La distribución de la revista CA y la Bienal de Arquitectura, las caras visibles -y bonitas- del Colegio frente a la sociedad, llevaron en los últimos años a la institución a sumirse en una deuda de varios millones de pesos, debido a gestiones que no consideraron su condición económica. Frente a esto, en diciembre del 2013, Sebastián Gray, quien asumió como presidente del Colegio de Arquitectos hace tan sólo un año, decidió hacer públicos los ingresos, gastos y deudas del Colegio y sus empresas asociadas, constituyendo una comisión de finanzas que pudiera evaluar su gestión administrativa y financiera. A través de este informe, quedó en evidencia que la estructura financiera del Colegio había sido fuertemente comprometida en los últimos años. En su primera cuenta anual, Gray expresó su intención de seguir adelante con ambos proyectos, pero replanteándolos en su estructura y organización, de modo de no comprometer aún más la situación financiera del Colegio.
Frente a esta revisión histórica y entendiendo el sistema que hoy nos rige, quisimos preguntarnos: ¿Se justifica la existencia de un Colegio de Arquitectos? ¿Lo necesitamos?
Tal vez la respuesta esté implícita en el hecho de que, aún teniendo en contra todas las adversidades mencionadas, el Colegio de Arquitectos sigue en pie. A pesar del momento crítico que vive, aún existe y funciona, más de 30 años después del decreto que lo ha llevado a los momentos difíciles que hoy vive. Pareciera todavía existir una necesidad latente que impide que esta institución se extinga.
Creemos que es necesario que los arquitectos puedan actuar de manera coordinada y en una alianza en función de construir mejores ciudades. El mismo modelo económico que debilitó a los colegios profesionales, ha potenciado el trabajo individual, y con él la proliferación en Chile de una arquitectura individualista, que en su conjunto, no ha generado un resultado integral. El trabajo colaborativo que fomentaba el gremio, parecía entregar como resultado obras con aspiración a lo colectivo, que surgen del diálogo entre los distintos integrantes y de la preocupación por contribuir a un conjunto. Difícilmente podremos entender cómo hacer mejores ciudades en base a las individualidades por las cuáles nuestro país es elogiado en materia de arquitectura internacional. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que este objetivo inicial de la relevancia del Colegio de Arquitectos en cuanto a su poder político permanezca vigente?
¿Crees tú que el Colegio de Arquitectos debiera normar y generar un marco de condiciones éticas de trabajo y regulación de los sueldos para recuperar su función? Déjanos tu opinión en los comentarios más abajo.